Ley de seguridad interior… o de cómo la población se convierte en el enemigo.

El argumento de la seguridad como prioridad lleva años introduciéndose en la vida social. Esta donde siempre ha estado, en los grupos conservadores, en los circulo militares pero también en grupos de activistas, en procesos tan complicados como las autodefensas, en las demandas cotidianas de algunas feministas cuya política se define por la búsqueda de espacios seguros y círculos de la clase media que se sienten amenazados por toda clase de criminales. La necesidad de seguridad parte de la imposición del miedo y la desconfianza que son la base para instaurar cualquier orden policial o militar.

Se genera la inseguridad para poder establecer la legitimidad de la seguridad. Claramente lo que se lanza por delante en todo argumento que tome la seguridad como punto crucial de la vida social es el control por encima de la libertad, es la vigilancia y la denuncia por encima de la transformación social
Aceptar que el problema es la inseguridad y la corrupción es aceptar el discurso que el mismo poder produce sobre si mismo. Es aceptar que el problema no es el Estado y su permanente protección de los intereses de los grupos de poder económico, sino el mal funcionamiento de la máquina. Es pensar que la máquina Estado es viable solo que falla, se corrompe y permite que quien está al frente del poder cometa “errores”. Errores que deben ser corregidos y visibilizados por las aéreas burocráticas establecidas para ello desde los grandes centros del poder económico. Asi tenemos a la ONU, a Amnistía Internacional y las comisiones de derechos humanos generando la simulación que requiere el autoritarismo para golpear sin que logremos ver la mano que sostiene al garrote.
Hace unas semanas fue aprobada la Ley de Seguridad Interior que como se ha señalado no es más que darle certeza jurídica a la militarización y al sometimiento de la población. La nueva ley es el argumento legal de una política ya decidida: la del despojo, la rapiña y el asesinato. Se trata sin duda de una ley que hace aceptable la represión, el espionaje y la vigilancia en aras de conservar la paz y la seguridad de las clases dominantes y las corporaciones. De que otra forma se puede ver una ley que se impone en tiempos de despojo de absolutamente todo, de privatización generalizada, de control de datos e información, de manipulación mediática, de asesinato, secuestro y mercantilización de los cuerpos y de uso abierto de grupos criminales, (narcos, paramilitares, redes de secuestradores, asaltantes y policías) para desestabilizar a la población.

Es claro que lo que nos está sucediendo no es producto de un deterioro “natural” de la sociedad. El argumento hobbesiano se intenta imponer a como de lugar: la sociedad es la barbarie y solo la mano dura del Estado le puede poner orden. Dejemos a Hobbes donde siempre esta, del lado del autoritarismo, y veamos más bien cuál es nuestra relación con el Estado y lo que representa en estos momentos esa ley de seguridad interior.

1.- En esta nueva fase de privatización es una vez más el Estado el que ha establecido las regulaciones jurídicas que permiten el despojo total del territorio. Gran parte del país esta concesionado a mineras, las zonas con enorme riqueza natural están siendo modificadas por megraproyectos que pertenecen a los grandes consorcios, el agua y la comida forman parte ya de este despojo acentuado. Frente a esta situación es claro que la gente tendrá que comenzar a reaccionar y organizarse en algo más que marchas pacificas, es decir, la nueva ley es la respuesta del Estado ante cualquier acción afirmativa de los pueblos, las comunidades y las colectividades. Cualquier levantamiento será considerado asunto de seguridad interior y por lo tanto justificara abiertamente la represión. De esto no hay duda puesto que antes de la aprobación de la ley, en los hechos el ejército ha venido atacando a la población organizada.
2.- El sistema policial se impone cada vez con mayor fuerza, sean policías, federales, municipales, estatales, ministeriales, gendarmería o militares, el hecho es que las calles y los pueblos están tomadas por las fuerzas brutas. Es decir, el Estado extiende el control y el uso de la fuerza “legitima” a la par que genera las condiciones para el crecimiento de el “enemigo” llámese a este delincuencia organizada o abiertamente narco. Así pues, con el pretexto del combate a los grupos delincuenciales se busca desmadrar el tejido social y generar una desconfianza y confrontación generalizada al interior de la población que facilita el despojo y la militarización. El asesinato y la rapiña generalizada se imponen como norma social.
3.- Siendo el Estado el que garantiza las condiciones de despojo ya sea por la vía jurídica o por la fuerza es claro que lo que considera una situación de seguridad interna no es más que cualquier cosa que ponga en riesgo el plan establecido desde los más altos mandos del poder político y económico.
4.-. La represión viene para todos, y en esta sociedad machina y patriarcal los levantones de mujeres, el abuso por parte de los uniformados será cada vez mayor. Tampoco eso es especulación, es algo que ya vivimos. Para las mujeres un orden militar significa muchas cosas, entre ellas el regreso de el tradicionalismo, la familia, la religión y el Estado de nuevo y como siempre sobre nuestros cuerpos.
5.-En realidad el problema compartido por la gran mayoría es el mismo: el Estado y su imposición, el Estado y la defensa de los intereses de quienes tienen el poder económico. Así pues, una ley de seguridad interior no es más que un aviso para todos nosotros de que el garrote está listo, lo ideal es que ese aviso fuera también la alarma que detonara una movilización generalizada, pero no parece serlo hasta ahora.
Urge salir del papel de expectadores, urge simple y sencillamente porque lo que esta en juego toca directamente a nuestras vidas. Esta ley no es mas que un grado mas en el apretón autoritario impuesto desde hace tiempo, así pues la urgencia no es mostrar la inconstitucionalidad de dicha ley. La discusión no es jurídica, en absoluto, sino del ámbito político ese que desborda cualquier marco legal simple y sencillamente porque remite directamente a las condiciones de vida.

Itamenon/VIlmaSancheZ